La House Oversight Committee solicita al Congreso que evalúe nuevas restricciones para los funcionarios públicos que operan en los prediction markets. La recomendación, incluida en un memorándum publicado el 13 de noviembre, llega al término de una investigación sobre los riesgos relacionados con el uso de información gubernamental no pública para obtener ganancias en contratos de eventos. No se trata de una ley ni de una prohibición vigente: el documento no fija ningún calendario para una eventual intervención legislativa.
Una investigación sobre cinco plataformas
La investigación se inició en mayo con Kalshi y Polymarket, y se amplió en septiembre a Hyperliquid Labs, Crypto.com y PredictIt. El Comité señala haber reunido cerca de 1.700 páginas de documentos y comunicaciones, además de haber recibido cinco sesiones informativas bipartidistas de las plataformas. Cuatro de las cinco habrían aportado documentación sustancial o explicado sus sistemas para detectar actividad sospechosa. El memorándum reconoce, además, que muchos episodios reportados fueron detectados en primera instancia por los propios operadores.
Las normas actuales y la hipótesis de nuevos límites
Según el Comité, las normas federales contra el fraude y el insider trading ya se aplican a los contratos de los prediction markets. El memorándum hace referencia al Commodity Exchange Act y al STOCK Act, que prohíbe a categorías de funcionarios, miembros del Congreso y empleados públicos utilizar información no pública obtenida en el ejercicio de sus cargos para operar en determinados contratos.
La propuesta política va más allá de la aplicación de estas normas: el Congreso debería considerar restricciones específicas para los funcionarios federales, los parlamentarios y sus colaboradores, incluso cuando no se demuestre el uso de información reservada. Entre las opciones señaladas figuran limitaciones sobre los contratos vinculados a la actividad del gobierno o bien una prohibición más amplia de participar en los prediction markets. El objetivo declarado es reducir los conflictos de interés y también la sospecha de que el acceso a información institucional pueda aprovecharse para beneficio personal.
El memorándum reconoce los controles desarrollados por las plataformas, citando en particular los avances de Kalshi y Polymarket en la supervisión de operaciones sospechosas. El punto central es que la autorregulación y las prohibiciones ya existentes podrían no ser suficientes para resolver el problema de los conflictos de interés ligados al cargo público. Por ahora, sin embargo, el documento abre un debate: no establece nuevas reglas para los usuarios ni inicia el proceso de aprobación de una ley.



