Ir al contenido

61.000 bitcoin incautados: tribunal del Reino Unido aplica ley china

Más de 61.000 bitcoin incautados en el caso Qian: la High Court británica aplicará la ley china a los derechos de las víctimas. La distribución final de…

4 min de lectura Cómo trabajamos

La disputa por más de 61.000 bitcoin incautados en el caso Zhimin Qian se resolverá bajo la ley china. La High Court of England and Wales decidió qué ordenamiento jurídico determinará los derechos reclamados por las víctimas del fraude. La sentencia del 12 de octubre no adjudica definitivamente los bitcoin al Estado británico: resuelve una cuestión preliminar de la que dependerá el examen posterior de las reclamaciones.

La resolución es el caso Director of Public Prosecutions v Zhimin Qian & Anor, [2026] EWHC 2509 (KB), pronunciada por el juez Turner y recogida por la prensa el 13 de octubre. Según la cobertura de The Block, que cita al Financial Times, los activos tienen un valor aproximado de 3.800 millones de libras, en torno a 5.000 millones de dólares. Es una valoración correspondiente a esa cobertura periodística, no un precio fijado por el tribunal.

Qué decidió la High Court

La fiscalía sostenía la aplicación de la ley china; los inversores pedían la ley inglesa o una combinación de ambas. El juez acogió la primera postura en lo relativo a los derechos sustanciales que fundamentan las reclamaciones. Para determinar si los bitcoin pertenecen a las víctimas, será necesario establecer qué derechos nacieron y sobrevivieron conforme a la ley china.

El procedimiento sigue ante la justicia inglesa, en el marco de la Parte 5 de la Proceeds of Crime Act 2002 (PoCA), la ley de recuperación de activos ilícitos. Aplicar una ley extranjera no equivale a trasladar el caso a un tribunal chino. Son dos planos distintos: el ordenamiento que define los derechos y las normas con las que estos se ejercen dentro del procedimiento británico.

Reembolso y propiedad son derechos distintos

Concretamente, el punto central es la diferencia entre un crédito frente al defraudador y un derecho sobre los activos recuperados. Según explica Duan & Duan UK, despacho que representa a algunos reclamantes, la sección 281 de la PoCA exige demostrar un interés de propiedad. Ser acreedor de la suma perdida no es suficiente, por sí solo, para obtener una declaración de que esos bitcoin pertenecen a la víctima.

Un ejemplo hipotético ayuda a distinguir ambas posiciones. Si un inversor deposita dinero y el receptor lo convierte posteriormente en bitcoin, hay que determinar si el inversor conserva derechos reconocibles sobre el bien adquirido o si simplemente tiene un crédito de restitución. La apreciación del precio hace que la diferencia sea económicamente relevante: recuperar una pérdida y reclamar los activos que se han revalorizado pueden conducir a resultados distintos, sin que esta sentencia haya determinado ya ninguno de ellos.

Bitcoin en disputa: cantidad, decisión y límites

Fuente: High Court, [2026] EWHC 2509 (KB). Cantidades en los hechos acordados; conclusiones en los párrafos 242-247.

  • Más de 61.000 BTC. Los bienes afectados por el procedimiento incluyen esta cantidad de bitcoin. No es una nueva adquisición para una reserva nacional.
  • 12 de octubre de 2026. El tribunal señala la ley china para evaluar los derechos sustanciales reclamados por las víctimas; el procedimiento británico sigue regulado por la PoCA.
  • Resultado individual aún por determinar. La decisión no cuantifica reembolsos, no atribuye a las víctimas una cuota de las ganancias ni dispone la distribución final de los activos.

Por qué el vínculo con China es decisivo

En los hechos acordados para resolver esta cuestión, los esquemas fraudulentos se organizaron en China entre 2014 y julio de 2017. Los pagos de los inversores y la conversión de los fondos en bitcoin precedieron a la fuga de Qian. El caso ya fue reconstruido en el análisis de SpazioCrypto de septiembre de 2025; la novedad ahora atañe al fundamento jurídico de las pretensiones sobre las criptomonedas recuperadas.

El lugar donde se custodian los activos no resuelve, por sí solo, la cuestión de quién es su propietario. El reconocimiento de los activos digitales como objetos de propiedad en el Reino Unido responde a una pregunta distinta de la titularidad en este caso concreto. La reconstrucción de las transferencias puede vincular el dinero a los bitcoin, pero no crea automáticamente un derecho que no haya sobrevivido según la ley aplicable.

El Estado puede retenerlos, pero el resultado sigue abierto

Según el Financial Times, recogido por The Block, la decisión refuerza las posibilidades de que el Estado británico retenga una parte relevante de los bitcoin. Es una lectura de las perspectivas del litigio, no una disposición contenida en la sentencia del 12 de octubre. El paso siguiente deberá aclarar el contenido de la ley china y la posición de cada reclamante individual: el tribunal no ha establecido que todas las víctimas carezcan de derechos.

The Block informa además de que Fieldfisher, el despacho principal de los reclamantes individuales, declaró al Financial Times su intención de impugnar la decisión. Duan & Duan UK afirma en su propio análisis que examinará la resolución con sus clientes y continuará persiguiendo sus reclamaciones. Estas declaraciones documentan la postura de los abogados; no permiten afirmar que un recurso haya sido ya presentado o admitido.

La lectura de fondo

Un activo puede circular en una red global mientras los derechos sobre ese activo dependen de relaciones nacidas en un ordenamiento nacional. El caso Qian hace visible esta brecha: recuperar las criptomonedas es un resultado de la investigación policial; establecer quién puede obtenerlas es otra cuestión completamente distinta. En nuestro análisis del procedimiento Capstone y EQIBank en Estados Unidos, el contenido de los documentos judiciales sigue siendo el criterio para distinguir lo decidido de las interpretaciones periodísticas, aunque en un marco legal diferente.

Lo que está en juego va más allá de la custodia de los bitcoin: afecta a quién puede beneficiarse del valor acumulado tras un fraude y qué pruebas se necesitan para reclamarlo. Para seguir los próximos desarrollos habrá que separar tres elementos: la ley aplicable, la existencia de los derechos y la recuperación efectiva de los activos. La decisión del 12 de octubre aclara el primero; los otros dos siguen pendientes.

Contenido promocional