Cinco pasos completados, cuatro por delante y un calendario que se reduce semana a semana. El CLARITY Act, la ley que debería dar reglas claras al mercado crypto estadounidense, llegó al calendario del Senado el 1 de junio. Pero hay un dato que resume el estado real de las cosas: según Polymarket, la probabilidad de que sea firmada antes de que termine 2026 ha caído del 82% registrado en febrero a cerca del 47%. De casi certeza a cara o cruz.
Probabilidad de que el CLARITY Act se convierta en ley en 2026
Estimaciones de mercados de predicción (Polymarket). Fuente: crypto.news, DeFi Rate, 2026
En qué punto está realmente
El recorrido legislativo del CLARITY Act contempla nueve etapas, y quedan cuatro por superar: las más difíciles. La ley ya pasó la Cámara de Representantes en julio de 2025 con un voto bipartidista de 294 a 134, obtuvo el visto bueno de la comisión bancaria del Senado en mayo de 2026 y entró en el calendario legislativo el 1 de junio. A partir de aquí, los obstáculos se vuelven serios.
- El debate en el pleno del Senado, que consume tiempo valioso del calendario.
- El umbral de 60 votos para la aprobación, el escollo más alto: hacen falta cerca de siete demócratas adicionales, más allá de los dos que ya apoyaron en comisión.
- La reconciliación entre la versión de la Cámara y la de la comisión de agricultura del Senado, que deben fusionarse en un texto único.
- La firma del Presidente, acto final.
Por qué se ha atascado
Los motivos del frenazo son dos, y están entrelazados. El primero es la disputa sobre las stablecoins: los lobbies bancarios se oponen con fuerza a los tokens que ofrecen rendimiento, pues temen una fuga de depósitos, y el senador Thom Tillis busca un compromiso que admita formas de “recompensa” pero no un rendimiento real sobre las reservas.
El segundo es una batalla ética sobre las normas que deberían impedir conflictos de interés entre funcionarios públicos, empezando por la familia del Presidente, cuyas iniciativas crypto habrían generado cerca de 2.300 millones de dólares, según informes de Reuters. A todo esto se suma un problema aparentemente menor pero decisivo: el tiempo. Quedan pocas semanas de calendario antes del receso de verano, y delante del CLARITY Act hay otros expedientes pesados, desde la ley de vivienda hasta la renovación de la FISA, pasando por la resolución sobre poderes de guerra. El objetivo inicial del 4 de julio ya se ha postergado hacia finales de julio, septiembre o la sesión de fin de año.
Qué pasa si fracasa
Las consecuencias serían concretas. Si la ley fracasa del todo, la senadora Cynthia Lummis ha advertido que la próxima ventana realista para una regulación orgánica sería 2030, porque un nuevo Congreso tendría que empezar desde cero. Mientras tanto, quedaría sin resolver la división de competencias entre la SEC y la CFTC, el nodo que separa a dos reguladores con visiones distintas sobre qué activos son valores y cuáles son materias primas, y las agencias seguirían gobernando el sector caso por caso, mediante sanciones.
Las protecciones para los desarrolladores no llegarían a convertirse en ley, y los capitales institucionales que esperan certeza regulatoria seguirían al margen. Incluso un simple aplazamiento tiene un precio: la prima construida sobre el optimismo se desinfla lentamente en los precios, algo que ya se observó con XRP. No por casualidad los mercados de predicción, los mismos que ponderan estas probabilidades, muestran un consenso en constante erosión desde febrero.
El escenario se reduce a tres caminos. Aprobación antes de finales de 2026, aplazamiento a 2027, o fracaso hasta 2030, con probabilidades que según Polymarket rondan ya el lanzamiento de una moneda al aire. Las próximas semanas deciden qué camino toma la ley más esperada del sector. Para un mercado que lleva una década esperando reglas claras, la espera o termina ahora o se prolonga considerablemente. El texto oficial y el proceso legislativo están disponibles en Congress.gov y en el sitio de la comisión bancaria del Senado. Seguimos los avances en la sección de regulación.
