Vancouver, octubre de 2013. El primer cajero Bitcoin del mundo enciende su teclado en una cafetería. Trece años después, Canadá propone apagarlos todos. La cifra es contundente: 4.000 máquinas en todo el país.
La actualización económica de primavera pone números sobre la mesa
El documento oficial se publicó el 28 de abril. El Spring Economic Update propone prohibir todos los cajeros crypto en territorio canadiense, sin distinción entre operadores grandes, pequeños, registrados como MSB ante FINTRAC o gestionados por sociedades offshore.
Sin excepciones. El gobierno del primer ministro Mark Carney no habla de límites más estrictos ni de umbrales bajo los cuales las transacciones quedarían libres.
Habla de eliminación. Para quienes operan hoy, el mensaje es claro: los días están contados. El dato que pesa proviene de la agencia de inteligencia financiera FINTRAC, que ya en febrero de 2023 los calificó como el “método principal” utilizado por los estafadores para recaudar y blanquear los fondos de las víctimas. Las pérdidas hablan por sí solas: 704 millones de dólares canadienses en fraudes durante 2025, según FINTRAC, con más de 2.400 millones acumulados desde 2022. Solo entre el 5 y el 10% de las víctimas presenta denuncia.
El contexto en LATAM: cajeros sin reglas claras
Mientras Canadá empuja hacia la prohibición total, en América Latina el panorama es radicalmente distinto. Argentina, México y Colombia concentran la mayor densidad de cajeros crypto de la región, operando bajo marcos regulatorios fragmentados o directamente inexistentes. En Argentina, donde la inflación devalúa el peso semana a semana, estos dispositivos se han convertido en una vía de acceso al dólar digital para miles de ciudadanos que no tienen cuenta bancaria o que desconfían del sistema financiero formal.
El problema es que esa misma accesibilidad los convierte en herramientas atractivas para el fraude. Sin un equivalente regional al FINTRAC canadiense, la supervisión es mínima. En México, la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) exige registro a los proveedores de activos virtuales, pero la capacidad de inspección sobre cajeros físicos dispersos en centros comerciales y tiendas de conveniencia es limitada. En España, el Banco de España y la CNMV comparten competencias sobre los VASP registrados, pero tampoco existe regulación específica para los cajeros crypto en la calle.
En España operan alrededor de 220 cajeros crypto, concentrados en grandes ciudades. Los operadores deben inscribirse en el registro de la CNMV como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), en cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. MiCA refuerza este marco sobre el papel. En la práctica, el salto entre estar registrado y estar realmente supervisado requiere inspecciones físicas y personal especializado que ninguna autoridad ha desplegado de forma sistemática hasta ahora.
Quién paga el precio y quién gana con la regulación
El caso Bitcoin Depot es el termómetro del sector. El mayor operador mundial, con sede en Atlanta, vio suspendida su licencia en Connecticut en marzo de 2026 por infracciones regulatorias y por no haber reembolsado a las víctimas de fraude. La misma situación se repitió en Massachusetts.
Entre agosto de 2023 y enero de 2025, según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, más de la mitad del flujo de dinero en sus quioscos era atribuible a estafas. En Estados Unidos, según datos del FBI, se registraron 13.460 reclamaciones en 2025 por pérdidas de 389 millones de dólares, un aumento del 58% en un año.
Para quienes quieran el panorama completo de los fraudes crypto en EE.UU., vale revisar el informe FBI IC3 2025, que contabilizó 11.400 millones de dólares perdidos en Estados Unidos.
Aquí se conecta el hilo que une Ottawa, Hartford y Madrid. Cuando una máquina permite el paso directo efectivo-crypto-wallet anónimo, la velocidad es un valor para quien opera con legitimidad y un arma para quien opera al margen. Reforzar un frente implica aceptar tensiones en otro.
El próximo paso es el voto en el Parlamento canadiense sobre la ley de implementación del Spring Economic Update. La fecha prevista es junio. A partir de ahí se sabrá si la prohibición entra en vigor de inmediato o si existirá un periodo de salida gradual para los operadores MSB ya registrados.
Para quienes observan desde España o LATAM, la ventana relevante es la próxima transposición de la Sexta Directiva Antilavado de la UE. La CNMV y el Banco de España no se han pronunciado públicamente sobre la decisión de Ottawa. En materia regulatoria, el silencio tiene el mismo peso que un comunicado oficial.
