Ochenta y tres páginas, diez cargos, un CEO citado a título personal. El 1 de junio de 2026, Florida se convirtió en el primer estado de EE.UU. en llevar a OpenAI y a Sam Altman ante un juez, y el blanco no es la tecnología en sí, sino la forma en que fue comercializada. La demanda abre un frente inédito: la responsabilidad por producto aplicada a la inteligencia artificial, y llega mientras los grandes laboratorios de IA aceleran hacia los mercados públicos, como muestra el caso de la IPO de Anthropic.
Qué acusa Florida
Básicamente, la demanda, presentada por el fiscal general James Uthmeier ante el Highlands County Circuit Court, enumera diez cargos. Cuatro corresponden a prácticas comerciales engañosas bajo el Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, dos a negligencia, dos a responsabilidad por producto, uno a fraude y uno a public nuisance. La tesis central es que OpenAI lanzó y promovió ChatGPT hacia el público, incluidos menores, ocultando riesgos graves y silenciando alertas internas sobre seguridad. Entre las peticiones: sanciones económicas que la oficina del fiscal general cuantifica en el orden de miles de millones de dólares, y una orden para bloquear la recopilación de datos de menores sin consentimiento parental real.
Por qué Altman es demandado a título personal
El punto jurídicamente más relevante es la responsabilidad personal. La acción apunta directamente a Altman por su conducta como fundador y CEO, con un lenguaje contundente: la demanda habla de “total desprecio por el riesgo para la vida humana”. Demandar personalmente al máximo directivo de una empresa tecnológica de esta escala es inusual, y eleva el riesgo de forma significativa. Si el argumento prospera, los ejecutivos de laboratorios de IA ya no podrán ampararse detrás del escudo societario cuando un producto cause daños.
Más de veinte demandas y una investigación penal
La demanda de Florida no surge en el vacío. Más de veinte acciones privadas han sido presentadas ya contra OpenAI por daños vinculados al uso de ChatGPT, entre ellas las impulsadas por familias de víctimas de tiroteos y por familiares de personas que se quitaron la vida o desarrollaron delirios tras interactuar con el chatbot. En paralelo, el propio Uthmeier abrió a finales de abril una investigación penal, aún en curso, que es independiente de esta causa civil. OpenAI ha respondido que los menores necesitan protecciones sólidas y afirma haber implementado salvaguardas y políticas del sector.
Qué cambia para la responsabilidad de los productos de IA
Aquí se abre el capítulo que afecta a quienes construyen tecnología. Hasta ahora, las empresas de IA se han defendido argumentando que un modelo es una herramienta neutral. Tratarlo como un producto potencialmente defectuoso, con las reglas de la product liability, invierte la carga. Europa sigue un camino distinto: el de la regulación preventiva por nivel de riesgo del AI Act, desarrollado a nivel nacional como ha hecho España con su ley orgánica y como ya pesa sobre los agentes de IA para autónomos y pymes. Florida prueba en cambio la vía judicial, caso a caso. Dos filosofías frente a frente, el mismo objetivo.
Los 10 cargos de la demanda de Florida
Fuente: demanda civil, Highlands County Circuit Court, 1 de junio de 2026
Uthmeier ha declarado que espera que otros estados sigan el mismo camino. Si ocurre, el 1 de junio de 2026 no quedará como un caso aislado del Sunshine State: será la fecha en que la responsabilidad por productos de IA dejó de ser una hipótesis académica para convertirse en un riesgo legal concreto, con un nombre y apellido al frente de la demanda.
