La institución dirigida por Christine Lagarde es históricamente un templo de la certidumbre, sin embargo hoy se encuentra navegando en un mar de ambigüedad. En los últimos días, en los pasillos de Fráncfort y Bruselas ha empezado a circular una doble narrativa: por un lado, las especulaciones sobre una salida anticipada del presidente; por otro, la aceleración definitiva hacia el euro digital. Dos relojes al unísono, destinados a remodelar la faz financiera del continente.
El factor político: el reloj del liderazgo
Rumores recientes del Financial Times sugieren que Christine Lagarde podría dejar el cargo antes de su fecha natural de expiración, octubre de 2027. El calendario parece inextricablemente ligado a las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027. En Europa, los destinos de las instituciones y la política nacional suelen converger: una sucesión ordenada permitiría una transición suave, evitando sorpresas a los mercados.
Aunque un portavoz del BCE reiteró que Lagarde no ha tomado ninguna decisión al respecto y sigue comprometida con su mandato, la sensación de un inminente cambio de guardia carga de significado cada movimiento. Lagarde no es sólo una banquera central; es la "traductora pública" de proyectos complejos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.
La cuenta atrás técnica: el euro digital se hace realidad
Mientras la política discute sobre sillas, la maquinaria técnica del BCE avanza por vías precisas. El proyecto del euro digital ha entrado en una fase crucial. Según documentos actualizados, en el primer trimestre de 2026 se lanzará una convocatoria de proveedores de servicios de pago (PSP). La publicación oficial está prevista para marzo de 2026, con un plazo de unas seis semanas para recoger manifestaciones de interés.
Ya no se trata sólo de un ejercicio teórico. El BCE tiene previsto poner en marcha una fase piloto en el segundo semestre de 2027, con una duración de 12 meses. Durante este periodo, entre 5.000 y 10.000 empleados del Eurosistema y un grupo selecto de entre 15 y 25 operadores realizarán transacciones reales en un entorno controlado. El BCE estima los costes totales de desarrollo en unos 1.300 millones de euros, con unos costes de explotación anuales de unos 320 millones de euros a partir de 2029. Se trata de una inversión masiva para crear una infraestructura pública de pagos que pueda competir con los gigantes privados y las stablecoins.
Sin embargo, lo digital no borrará lo físico. En enero de 2026, los billetes en euros netos en circulación ascenderán a unos 1,6 billones euros. Esta cifra se inscribe en un contexto monetario más amplio, ya que el agregado M2 de la zona del euro asciende a 16,07 billones de euros (diciembre de 2025). El euro digital tendrá que encajar en este ecosistema sin desestabilizar la financiación bancaria ni la confianza de los ahorradores.
Un horizonte de estabilidad monetaria
El debate sobre el liderazgo llega en un momento de relativa calma macroeconómica. El 5 de febrero de 2026, el BCE mantuvo el tipo de depósito en el 2,00%, confirmando un enfoque dependiente de los datos. La inflación se ralentiza progresivamente, cayendo al 1,7% en enero de 2026 desde el 2,0% de diciembre.
En este escenario de tipos más bajos, la comunicación se convierte en la principal herramienta. Sea Lagarde o su sucesor quien cruce la meta, el reto sigue siendo el mismo: convencer a gobiernos y ciudadanos de que el euro digital es un instrumento de soberanía y no de control. Si la política se demora y la ley se retrasa a 2027, la preparación del sistema se retrasaría hasta 2030, lo que dejaría más margen a las infraestructuras privadas basadas en el dólar.
La próxima fecha clave está fijada para marzo de 2026. Será entonces cuando las empresas tendrán que decidir si se sientan a la mesa o se quedan de brazos cruzados mientras Europa reescribe las reglas del dinero.
