El 21 de enero, el presidente del Comité de Agricultura del Senado, John Boozman, publicó el texto actualizado de un proyecto de ley crucial para la estructura del mercado de criptomonedas, fijando la votación en el comité (markup) para el 27 de enero.
El proyecto de ley, titulado Digital Commodity Intermediaries Act, pretende dotar a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de un marco regulatorio definido para supervisar el mercado al contado cuando la actividad transita a través de brokers, dealers, exchanges y custodios.
El principal objetivo del Comité es formalizar una respuesta institucional a los fallos operativos que afectan a los pequeños inversores: bloqueos de cuentas, retrasos en las retiradas, interrupciones de las plataformas en periodos de alta volatilidad y disputas sobre la gestión de las liquidaciones.
Una nueva "voz" para los inversores minoristas
Una de las novedades más destacadas del proyecto de ley es la creación, dentro del artículo 211, de la "Oficina del Defensor de los Usuarios Minoristas de Materias Primas Digitales".
Esta oficina funcionará bajo la supervisión directa del presidente de la CFTC y se encargará de supervisar los problemas recurrentes que encuentren los usuarios, convirtiéndolos en aportaciones para nuevas normas.
El defensor de los usuarios minoristas tendrá el mandato de analizar cómo afectan las normativas propuestas a los participantes y recomendar cambios al Congreso. El objetivo no es eliminar por arte de magia todos los fallos técnicos, sino crear una unidad interna dedicada a identificar patrones de perjuicio e introducir esas pruebas en el proceso legislativo. La oficina deberá presentar informes semestrales al Congreso: un informe sobre los objetivos antes del 30 de junio y otro sobre las actividades antes del 31 de diciembre.
Recursos y personal: el reto de la capacidad operativa
Para hacer frente a las dudas sobre la capacidad de la CFTC para gestionar esta nueva carga de trabajo, la propuesta de Boozman introduce un modelo de financiación basado en tasas. La Comisión cobrará tasas a los agentes, intermediarios y depositarios registrados para cubrir los costes de supervisión.
Mientras se espera a que este mecanismo sea plenamente operativo, el proyecto de ley autoriza una dotación inicial de 150 millones de dólares. Además, se concede autoridad al presidente de la CFTC para contratar a expertos con "conocimientos especializados" en el sector de las criptomonedas, eludiendo las limitaciones competitivas normales de la función pública para crear rápidamente un equipo capaz de seguir un mercado que evoluciona en días, no en años.
La línea divisoria para las DeFi
El texto también aborda el complejo mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), trazando límites basados en definiciones operativas. Introduce una distinción entre un "sistema de mensajería DeFi", que se limita a transmitir instrucciones, y los sistemas en los que un individuo o grupo conserva el control real sobre los fondos o la ejecución.
Un protocolo queda fuera de la jurisdicción si funciona únicamente con código transparente y automatizado. Sin embargo, está al alcance de la regulación si un grupo tiene autoridad unilateral para censurar el acceso, alterar materialmente las reglas o controlar los fondos de los usuarios.
Este enfoque desplaza el debate de las etiquetas de marketing a los hechos operativos, como la propiedad clave o la concentración de la gobernanza.
