Durante años, en Washington, la idea de una moneda digital de banco central (CBDC) fue descartada como una posibilidad remota: un concepto abstracto y académico, confinado a documentos de investigación y discursos políticos. Todo cambió cuando el Senado puso un número concreto sobre la mesa, convirtiendo el debate en una realidad legislativa urgente.
El pasado 2 de marzo, con un voto de 84 a 6, el Senado aprobó la moción para proceder al examen del proyecto de ley H.R. 6644. Este amplio paquete legislativo, que combina medidas de vivienda y sector bancario, contiene una disposición clave: la prohibición a la Reserva Federal de emitir una CBDC hasta finales de 2030.
Solo seis senadores votaron en contra. Cory Booker votó «presente», mientras que nueve no participaron en la votación. Este margen abrumador marca un punto de inflexión: la CBDC ha dejado de ser una batalla secundaria para los entusiastas de las criptomonedas y se ha convertido en un tema central del debate sobre privacidad, poder estatal y control del dinero. Para América Latina, donde millones de personas usan criptomonedas para protegerse de la inflación y realizar remesas, las decisiones sobre el dólar digital tienen implicaciones directas: un dólar digital emitido por la Fed podría transformar radicalmente los flujos de dinero entre EE.UU. y países como México, Colombia, Venezuela o Argentina.
Un voto procedimental de enorme peso
Es importante aclarar que el voto del 2 de marzo no representa la aprobación final de la ley. El procedimiento parlamentario importa: los seis senadores que votaron en contra de la moción no están necesariamente a favor de un dólar digital de la Fed. Sin embargo, el resultado es inequívoco: una supermayoría del Senado se mostró dispuesta a avanzar con un paquete que incluye un lenguaje fuertemente restrictivo frente a las CBDC.
¿Quiénes son los seis votos en contra?
Los seis senadores que votaron en contra de la moción son los republicanos Ron Johnson (Wisconsin), Mike Lee (Utah), Rick Scott (Florida) y Tommy Tuberville (Alabama), y los demócratas Chris Murphy (Connecticut) y Chris Van Hollen (Maryland).
- Ron Johnson (R-Wis.) y Mike Lee (R-Utah) representan el ala más opuesta a la expansión del poder federal. Lee, en particular, ha construido su carrera en torno a los límites constitucionales del gobierno, lo que hace especialmente significativa su presencia en este bloque.
- Chris Murphy (D-Conn.) y Chris Van Hollen (D-Md.) son las dos voces demócratas discordantes. Murphy es conocido por su labor en política exterior y control de armas, mientras que Van Hollen forma parte de la poderosa Comisión Bancaria del Senado, lo que da a su voto un peso específico notable.
- Rick Scott (R-Fla.) y Tommy Tuberville (R-Ala.) completan un bloque de oposición bipartidista, pequeño pero real, que rompió la unanimidad casi total del Senado.
Por qué el alcance del voto va más allá de los números
Reducir este voto a un simple marcador ideológico sería engañoso. El H.R. 6644, conocido como «21st Century ROAD to Housing Act», es un gigante legislativo. La disposición anti-CBDC es solo una parte de una enmienda mucho más amplia que incluye medidas sobre oferta de vivienda, asequibilidad, fondos de reconstrucción post-desastres, datos sobre vivienda rural y apoyo a comunidades de casas prefabricadas.
En esencia, ningún senador estaba votando sobre un referéndum de pregunta única sobre el dólar digital, sino sobre la conveniencia de avanzar con el paquete completo. El hecho de que una mayoría tan amplia haya aceptado incluir y mantener la cláusula sobre la CBDC es la verdadera señal política.
Un lenguaje inusualmente directo y un plazo claro
A pesar del contexto legislativo más amplio, el lenguaje de la disposición sobre la CBDC es inusualmente directo. La enmienda define una CBDC como un activo digital denominado en dólares estadounidenses, tratado como moneda de curso legal, pasivo directo de la Reserva Federal y ampliamente disponible para el público. A continuación, prohíbe explícitamente a la Fed emitir o crear dicha moneda —directa o indirectamente—, con una fecha de caducidad (sunset date) fijada el 31 de diciembre de 2030.
Esta fecha límite es fundamental: demuestra que el Congreso quiere apartar el tema del dólar digital durante el resto de la década, pero sin cerrar definitivamente el debate sobre el dinero digital.
En cualquier caso, todo el esfuerzo legislativo podría resultar casi superfluo. La propia Reserva Federal declaró públicamente en un documento de 2022 que no había tomado ninguna decisión sobre la emisión de una CBDC, reiterando que no tenía intención de proceder sin un mandato claro del poder ejecutivo y legislativo. El voto del Senado, sin embargo, transforma esa prudencia voluntaria en una obligación legal, al menos por los próximos años.
